Cada día los congresistas demuestran porque tienen el 6 % de aprobación ciudadana. Entre los principales motivos son que están siendo investigados por corrupción, mochar sueldos o en palabras más sencillas se benefician ilícitamente.
Uno de ellos es el legislador de la bancada Podemos Perú, Luis Picón quien fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. El hecho ilícito ocurrió cuando Picón era gobernador regional de Huánuco y favoreció a una empresa en la compra de 34 ambulancias por más de 9 millones de soles. Según la acusación fiscal, Picón entregó un adelanto del 30 % a la empresa, pese a que en el contrato de licitación quedaron que no darían adelantos. A esto se suma que dieron plazos no permitidos. El parlamentario deberá pagar un millón de soles como reparación civil al Estado.
Después de Picón, el caso más cercano es de la congresista María Cordero Jon Tay, quien es acusada de recortar sueldos, obligar a sus trabajadores de comprarle joyas y dar parte de sus bonos parlamentarios. La Fiscalía presentó la denuncia constitucional contra Cordero. Mientras que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tienen el informe final que recomienda suspenderla e inhabilitarla de la función pública por 10 años.
El debate y votación estaba programado para el 24 de noviembre, pero lo suspendieron por la sustentación del Presupuesto 2024. La reprogramación fue para el 28 de noviembre. Esperemos que no sea blindada como lo fueron sus otros colegas acusados por el mismo delito.
Una de las mocha sueldos que fue respaldada por el Congreso, pese a la denuncia, fue Magaly Ruiz. Ella solo recibió una amonestación. Ahora será premiada con un viaje a Dubái en su calidad de presidenta de la Comisión del Cambio Climático de viajar a Dubái (Emiratos Árabes). En dicho lugar se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre el 30 de noviembre y 12 de diciembre. Ante ello representantes de las Organizaciones Juveniles del Perú se opusieron y pidieron que no viaje la investigada por concusión.
Si bien en esta nota se mencionó a tres que son investigados por la Fiscalía, hay otros 44 parlamentarios que tienen la misma situación, siendo el que lidera la lista con más carpetas fiscales el mismo presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
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