La Confederación Suiza calificó como un “delito político” el intento del sedicioso de disolver el Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.
Esta fue la respuesta que dio Suiza cuando Perú, a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía, requirió información sobre el estado y tiempo de permanencia del teniente PNP Eder Infanzón Gómez, a quien también se le atribuye el delito de rebelión.
Infanzón Gómez es uno de los tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que están acusados por el golpe de Estado; sin embargo, solo él referido efectivo no enfrenta aún el juicio oral.
Ello toda vez que fue declarado reo contumaz al no presentarse a la instalación del juicio el 3 de marzo de este año. Ahí, su abogado informó que el agente estaba en Suiza, pero que desconocía su paradero.
De acuerdo con el Ministerio Público de Suiza, los hechos imputados al teniente PNP Infanzón “deben calificarse, según la legislación suiza como un delito contra el Estado (...), que en la concepción suiza constituye delito de naturaleza política”.
“(Suiza) señala que el artículo 3 párrafo 1 de la Ley sobre asistencia judicial penal internacional prohíbe a Suiza a brindar cooperación en la represión de delitos de carácter político. Por último, agregan que el tratado de asistencia judicial en materia penal celebrado en dicho país prevé que la asistencia judicial podrá ser denegada si se refiere a delitos considerados por el Estado requerido como delitos políticos”, informó la Fiscalía.
En consecuencia, el Ministerio Público no podrá conocer desde qué fecha se encuentra en dicho territorio ni mucho menos si el efectivo recibió asilo político o se encuentra en condición de refugiado.
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