La inhabilitada fiscal de la nación Delia Espinoza acudió el 6 de diciembre a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay para retirar sus pertenencias del despacho que ocupó en el noveno piso. Sin embargo, lo que debía ser un trámite administrativo terminó convertido en un episodio tenso: según fuentes consultadas por Infobae, el retiro de aproximadamente 20 cajas fue accidentado y estuvo marcado por restricciones impuestas por el personal de seguridad.
Espinoza llegó acompañada por familiares para cargar las cajas hasta el sótano, pero estos no pudieron ingresar al área de la Fiscalía de la Nación. Las fuentes señalan que la orden provino del personal de seguridad que respondería al asesor del actual fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez. Finalmente, la secretaria general del Ministerio Público, Ana María Velarde Roa, dispuso que personal de limpieza apoyara en el traslado, aunque Espinoza no habría podido verificar el contenido de las cajas para constatar si todas sus pertenencias estaban completas.
La magistrada sí pudo acceder brevemente a su despacho, donde comprobó que uno de sus maletines no había sido embalado. Aún está pendiente la devolución de los equipos tecnológicos que se le asignaron por el cargo, los cuales ya no podrá utilizar debido a la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso. Ese castigo, sin embargo, no ha zanjado la discusión sobre su situación funcional dentro del Ministerio Público.
En declaraciones previas, Espinoza sostuvo que la sanción parlamentaria no constituye una destitución, por lo que —según su interpretación— la Junta Nacional de Justicia no puede convocar a concurso ni designar un nuevo fiscal supremo en su reemplazo. Su lectura se apoya en un antecedente reciente: el caso de Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por cinco años en 2023 pero mantuvo su condición de fiscal suprema titular hasta que la Corte Suprema anuló la sanción y ordenó su reposición inmediata.
La situación de Espinoza es, por ahora, casi idéntica: inhabilitada pero no destituida, conserva su plaza de fiscal suprema aunque no puede ejercerla. Si el Poder Judicial decide anular la sanción, podría reincorporarse sin nuevos procesos. Mientras tanto, el accidentado retiro de sus pertenencias se convierte en una nueva arista de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, marcada por fricciones internas y disputas de control en la cúpula fiscal.
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