El Tribunal Constitucional (TC) avaló la ley 31751, también conocida como la ‘Ley Soto’, y argumentó que el “legislador observó un problema en la regulación de la suspensión de la prescripción
En una sentencia reciente, el TC detalla que antes de cambiarse la norma, el Código Penal establecía dos razones para la suspensión del plazo de prescripción. La primera era que la prescripción se suspendía indefinidamente hasta que se resuelva cualquier cuestión fuera del proceso penal (levantamiento del antejuicio, extradición).
Mientras que el segundo, se suspendía hasta la formalización de la investigación preparatoria. Esta se avalaba por un acuerdo plenario que establecía que la suspensión no podía exceder el máximo de la pena del delito más la mitad. Es decir, si un delito tiene una pena de hasta 8 años de prisión, la prescripción podía detenerse hasta por 12 años.
Sin embargo con esta ley Soto, que entró en vigencia el 25 de mayo del 2023, la suspensión para ambos casos no puede prolongarse más de un año.
Tras esta información, el TC indica que “el legislador observó un problema en la regulación de esta institución; en tanto los plazos de prescripción que se encontraban vigentes podían en algunos casos vulnerar el derecho al plazo razonable”.
Es menester precisar que el TC no menciona el acuerdo plenario N.º 05-2023/CIJ-112 que declara “inconstitucional” la ley ‘Soto’. Además invoca a los jueces a no aplicarla. Sin embargo, este acuerdo ya no sería válido porque el Congreso aprobó este 4 de julio una ley que obliga a los jueces a aplicar la norma.
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