El Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Nacional de Justicia evaluar la conducta del juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de la demora en conceder y elevar la apelación presentada por Mateo Castañeda, exabogado de la expresidenta Dina Boluarte, en el marco del caso Los waykis en la sombra.
La decisión del TC se produjo tras declarar fundada la demanda de Castañeda, quien no cuestionó la prisión preventiva dictada en su contra, sino el retraso en el trámite de la apelación contra dicha medida.
El 23 de noviembre de 2024, luego de extensas audiencias, Concepción Carhuancho ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda y dispuso su detención inmediata.
La defensa apeló verbalmente al finalizar la lectura de la resolución; sin embargo, la notificación con el texto íntegro recién se realizó el 4 de diciembre, debido al tiempo requerido para transcribir más de 38 horas de lectura.
Para el Tribunal Constitucional, la apelación fue concedida recién el 16 de diciembre, lo que implicó que Castañeda permaneciera 23 días privado de su libertad sin poder ejercer de manera efectiva sus derechos a la pluralidad de instancia y a la defensa. Esta situación cobró mayor relevancia cuando la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad.
En su fallo, el TC exhortó al juez Concepción Carhuancho a no incurrir nuevamente en conductas que vulneren derechos fundamentales y, en su punto resolutivo, dispuso remitir copia certificada de la sentencia a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe, conforme a sus atribuciones, la apertura de un eventual proceso disciplinario por presuntas faltas en el ejercicio de la función jurisdiccional.
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