No pasó ni un mes de promulgada la ley que modifica el Código Penal sobre el crimen organizado y desde el Congreso ya la están usando a su favor. El perulibrista Waldemar Cerrón pretende usar la norma, que no fue observada por la presidenta Dina Boluarte, para librarse del proceso de los ‘Dinámicos del centro’.
Waldemar y su hermano prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, solicitaron al Poder Judicial que los excluyan de la investigación preparatoria que se les sigue en el mencionado caso. Ambos son indagados como integrantes de una presunta red criminal enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en Junín.
Los investigados presentaron solicitudes de excepción de improcedencia de acción alegando que se tiene que archivar el proceso penal en curso “porque el hecho no constituye delito al día de hoy”. Todo ello enmarcado a las recientes modificaciones de la Ley 32108.
Precisamente, dicho cambio fue propuesto por Waldemar Cerrón y evaluado en la Comisión de Justicia, que en ese momento tenía como presidente al parlamentario Américo Gonza, parte de Perú Libre y aprobado a inicios de julio con tan solo 12 votos. Luego la ley se derivó al Ejecutivo que decidió no observarla ni promulgarla, en consecuencia el Parlamento la hizo oficial.
El juez Jorge Chávez Tamariz, quien recibió los recursos, programó para el viernes 23 de agosto a las 4 de la tarde una audiencia de carácter “presencial” para evaluarlos.
INCAUTAN SUS CUENTAS. Este caso no el único que enfrenta el prófugo Vladimir Cerrón quien fue condenado por el caso Aeródromo Wanka. Su situación empeora ya que el Poder Judicial, a través del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima, ordenó la incautación de dos cuentas del imputado Vladimir Cerrón Rojas; una ascendente a S/376 969.13 y otra por S/1 236 543.30.
La medida se da luego que el último 2 de agosto, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, presentó la demanda extintiva y el pedido de medida cautelar de incautación.
Según la tesis fiscal, Cerrón Rojas, presenta un desbalance patrimonial ascendente a S/6 387 070.42, en el período comprendido entre los años 2008 a 2021.
El dinero incautado forma parte de dicho monto, y según la Fiscalía no se encuentra respaldado por sus actividades laborales, como médico, ni como funcionario público, como gobernador regional de Junín.
En respuesta, Cerrón publicó que “la auditoría de la Sunat concluyó que mis cuentas son lícitas y provienen de mi trabajo de neurocirujano de 20 años, sueldos de gobernador, Essalud y docencia universitaria”.
Su hermano y todo el partido de Perú Libre también manifestaron su apoyo al prófugo, indicando que es un perseguido político.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
