Nervioso y con voz temblorosa, se presentó ayer el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón en el Congreso. En el momento que los parlamentarios le pidieron que especifique la causa grave del retiro de Jorge Angulo como comandante general de la Policía, Torres no supo responder. Sin embargo, argumentó que Angulo no fue destituido, sino que dieron por concluidas sus funciones.
Torres reconoció la existencia de la Ley 31750, que establece que el mandato del jefe de la PNP dura 2 años y que fija una serie de causales para interrumpir dicho periodo (muerte, solicitud de pase al retiro, incapacidad física, falta muy grave dictada por Inspectoría, comisión de delito doloso y comisión de delito flagrante).
Al no especificar la causa grave de la salida, dijo que dicha norma no está reglamentada y que es facultad de la presidenta designar un nuevo comandante.
Ante esto, los congresistas consideraron como una ‘burla’ que no reconozca ni respeten una norma.
Además increparon a Torres por no reconocer que la salida de Angulo está afectando a la institucionalidad de la Policía, en lugar de fortalecerla.
El ministro dijo que “en ningún momento quisieron manosear la institución” y alegó que Angulo tuvo falencias y situaciones que se le escaparon de control. Además dijo que no logró reducir la criminalidad.
Tras su salida de Torres, los congresistas no le dieron la razón y pidieron su salida. Ellos consideran que el cambio en la Policía no tiene argumento y es ilegal lo que afecta la institucionalidad. Además recordaron que el sistema de la seguridad de la presidenta es de responsabilidad del jefe de la casa militar. Todos los parlamentarios coincidieron que el Gobierno no asume su responsabilidad política.