El promedio diario de homicidios en el Perú ha alcanzado niveles históricos durante el gobierno de José Jerí, superando incluso los registrados en la administración de Dina Boluarte. Según cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), citadas por el analista de datos Juan Carbajal, el año 2025 se ha convertido en el periodo con más asesinatos en el país. El especialista precisó que el promedio supera los seis homicidios por día, frente a los 5.25 del gobierno anterior, y alertó que más del 75% de las muertes violentas fueron causadas por proyectiles de arma de fuego. “¿Ha disminuido? No. ¿Está igual? Está peor”, sentenció Carbajal en declaraciones a Punto Final.
El incremento de la criminalidad se refleja en casos que conmocionan a la ciudadanía, como el asesinato de César Monago durante un asalto en San Martín de Porres. Su esposa, Maricruz, relató que los delincuentes irrumpieron en su lavandería, amenazaron a su hijo de cuatro años y la obligaron a realizar una transferencia bancaria antes de disparar contra Monago. La familia, que nunca había recibido amenazas ni extorsiones, quedó atrapada en una violencia que golpea ahora sin distinción de zonas ni perfiles.
Ante el avance delictivo y la falta de garantías estatales, el sector transporte ha optado por medidas extremas de autoprotección. Empresas como Vipusa, que opera en Lima Norte, decidieron blindar sus buses e implementar chalecos antibalas para conductores y cobradores. Latina Noticias informó que cada unidad recibió entre S/ 2000 y S/ 3000 en refuerzos metálicos, cabinas selladas y protección de accesos vulnerables, logrando blindar cerca del 70 % de su flota. “Nuestra vida depende de un hilo acá en el transporte público”, declaró un conductor.
El costo económico y laboral de estas medidas también ha transformado la rutina de los trabajadores. El permanente uso de chalecos antibalas genera incomodidad, especialmente en verano, mientras que las cabinas reforzadas exigen mayor concentración y vigilancia. Aunque Vipusa no ha incrementado el precio del pasaje, reconoce que la sostenibilidad de la medida podría obligarla a un ajuste si la inseguridad no disminuye. Infobae Perú detalla que la transformación de los vehículos responde a un escenario donde incluso los pasajeros enfrentan riesgos por balas perdidas y asaltos constantes.
Frente a esta crisis, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) evalúa adoptar medidas similares. Su presidente, David Hernández, afirmó que están dispuestos a implementar las recomendaciones de la Policía Nacional, incluso la posibilidad de hacer obligatorio el uso de chalecos antibalas. Empresas de Lima Norte analizan replicar las estrategias de Vipusa, mientras el país espera acciones más contundentes del Estado ante una ola de violencia que, según las cifras, se agrava día a día y marca el 2025 como uno de los años más peligrosos de la última década.