El expresidente Martín Vizcarra exigió al Poder Judicial que atienda con urgencia la apelación presentada contra su condena de 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, subrayando que el retraso vulnera sus derechos y cuestiona el manejo institucional del proceso judicial.
Vizcarra y su defensa legal interpusieron el recurso de apelación el 3 de diciembre, pero hasta la fecha no han recibido notificación sobre si ha sido calificado o no por el tribunal correspondiente, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que estos escritos sean provistos dentro de 48 horas.
La defensa presentó el 15 de diciembre una solicitud de proveimiento inmediato bajo responsabilidad funcional, argumentando que han transcurrido seis días hábiles sin respuesta.
En el documento remitido al Poder Judicial se recuerda que “está prohibido expedir resoluciones dilatorias que no guarden relación con el sentido del pedido”, según la normativa vigente.
“Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? … Esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos”, señaló el exmandatario en su cuenta oficial de X.
Los antecedentes del caso señalan que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión efectiva, además de imponerle una inhabilitación para ejercer funciones públicas tras encontrarlo responsable del delito de cohecho pasivo en la adjudicación de estas obras durante su gestión como gobernador regional.
La defensa sostiene que existen errores sustanciales en el fallo y busca que una instancia superior revise o anule la sentencia.
Si el Poder Judicial continúa sin atender la apelación, los abogados de Vizcarra han advertido que elevarán el caso ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) y otras instancias “pertinentes” para preservar sus derechos procesales.
Este reclamo se produce en un contexto donde Vizcarra ya ha experimentado consecuencias políticas, como su exclusión del Padrón Electoral Preliminar para las Elecciones 2026 tras una inhabilitación de 10 años decretada por el Congreso, medida que también afecta a otros expresidentes y altos funcionarios.
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