El exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, podría quedar en libertad en 2026 si no le abren nuevos procesos judiciales por los delitos de corrupción y violaciones a derechos humanos, según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara Medrano.
Montesinos, de 80 años, cumple una de las condenas más emblemáticas del país por delitos relacionados con el aparato de corrupción y espionaje estatal durante los años noventa. En la actualidad, permanece recluido en la Base Naval del Callao.
La mención a Montesinos surgió en medio del debate por la Ley N.º 32180, promulgada en diciembre del 2024, que habilita la posibilidad de arresto domiciliario para sentenciados mayores de 80 años, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta norma ha puesto en el foco público a personajes como Alejandro Toledo, expresidente también sentenciado por corrupción, quien solicitó cambiar su pena efectiva por una domiciliaria, pedido que fue recientemente rechazado por el Poder Judicial.
Durante una entrevista, el ministro Alcántara fue enfático al afirmar que ni el Ministerio de Justicia ni el INPE tienen competencias para conceder libertades, y que esa potestad recae únicamente en el Poder Judicial, que deberá evaluar caso por caso.
Por otro lado, Alcántara fue consultado no solo por el caso de Montesinos, sino también por el de Alejandro Toledo, cuya defensa -encabezada por el abogado Roberto Su- ya ha anunciado una apelación al rechazo judicial para aplicar la Ley N.º 32180.
En cuanto a Pedro Pablo Kuczynski, otro expresidente en la mira, el ministro aclaró que su proceso aún no está en etapa de juicio, por lo que cualquier decisión de condena o beneficio se tomará recién en los próximos años.
Cabe precisar que entre los puntos clave de la Ley N.º 32180, figura que los beneficiarios deben tener sentencias firmes, sin procesos de apelación pendientes, y contar con una edad igual o mayor a los 80 años. En ese sentido, Montesinos cumple con el requisito etario y se encuentra próximo a culminar su condena, lo que podría allanarle el camino para acceder a un régimen alternativo, aunque hasta el momento no ha trascendido si su defensa lo solicitará formalmente.
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