El congresista Wilson Soto de Acción Popular, anunció el retiro de su proyecto de ley que buscaba exigir título profesional a influencers, streamers y líderes de opinión que difundieran información especializada en redes sociales. La iniciativa generó amplio rechazo entre usuarios, comunicadores digitales y especialistas, quienes alertaron que la medida atentaba contra la libertad de expresión en el entorno digital. El legislador confirmó su decisión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.
Soto explicó que optó por retirar la propuesta luego de “escuchar a la ciudadanía”, señalando que el debate debía posponerse debido a la coyuntura. Aseguró que su intención inicial era proteger el derecho del público a recibir información confiable sin limitar la opinión y la creatividad digital. El proyecto planteaba la acreditación de formación profesional para tratar temas de salud, educación, seguridad o patrimonio, además de un registro obligatorio y multas de hasta USD 7000 para quienes difundieran información falsa.
El parlamentario defendió que la problemática de fondo sigue vigente y advirtió sobre el impacto que tienen los creadores digitales con gran alcance. Recordó que miles de usuarios han sido expuestos a consejos médicos sin sustento, asesorías financieras riesgosas o contenidos que ponen en riesgo la integridad física. “Una persona con millones de seguidores puede influir en decisiones sensibles de las familias”, remarcó al justificar su preocupación por la desinformación.
Pese al archivo de la iniciativa, Soto sostuvo que es necesario impulsar un debate serio sobre la responsabilidad de influir en grandes audiencias y la necesidad de establecer estándares mínimos de protección. Subrayó que muchas recomendaciones sin respaldo profesional podrían causar daños irreversibles, especialmente en temas de salud pública o economía doméstica.
Finalmente, aunque el proyecto no seguirá adelante, el legislador reiteró su compromiso de promover alternativas legales que protejan a la ciudadanía sin vulnerar la libertad de expresión. La controversia dejó en evidencia un vacío regulatorio que aún deberá discutirse: cómo enfrentar la desinformación en redes sin afectar los derechos digitales de millones de usuarios.
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