Los conflictos sociales y la explotación minera indiscriminada son algunos de los problemas que las autoridades y pobladores comenzaron a atender en la última semana cuando fallecieron dos personas en Río Grande, provincia de Condesuyos, producto de enfrentamientos porque no se realiza una debida formalización minera.
El meollo de esta situación está en la ley, pues en la actualidad los fiscalizadores han descartado tratar como delito a la la minería ilegal, “ya se ha demostrado que en la zona hay permiso de extracción del Estado, no nos dejan hacer nada”, señaló el capitán PNP, Ernesto Casillas de la Unidad de Protección del Medio Ambiente.
La presente norma indica que el proceso de formalización minera se hace mediante una solicitud al Ministerio de Energías y Minas (Minem) sin presentar suficientes documentos para extraer mineral. En el diario El Peruano aparece el Decreto Legislativo 1293 y la Ley 31007 que garantizan hasta el 31 de diciembre de 2024 que los mineros extraigan la materia, aunque sean informales.
Sin embargo, las disputas por el dominio de vetas de oro origina conflictos y que se maten por tener concesiones y más minerales, advirtió el alcalde de Condesuyos, Edwar Jhon Urday Torres.
Sumado a ello, los trabajadores no cumplen los protocolos ambientales y contaminan las provincias, indicó el capitán PNP. En estos casos es función del Gobierno Regional de Arequipa verificar que se cumpla el cuidado ambiental en los sectores de extracción y no hacen, acotó.
Confilcto.El 2022 en la provincia de Caravelí, distrito Caravelí, se registraron 14 fallecidos a causa de una disputa de la concesión de la empresa Intigol Mining que ocasionaron los conflictos entre mineros de Atico Calpa y Calpa Renace, concluyó con la detención de 31 personas.
Este 2023 hubo explosiones con dinamita en el distrito de Río Grande, en la provincia de Condesuyos, registraron 10 fallecidos y en localidad de Urasqui se encontró dos muertos.
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