El alcalde provincial de Condesuyos, Edwar Urday Torres, indicó que más de S/58 millones invertidos en la primera etapa del proyecto Arma, estarían perdidos. Tras un peritaje técnico, se determinó que solo el 30 % de la tubería instalada sería utilizable, evidenciando fallas en la ejecución física iniciada en 2017 por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Según detalló, más de 7 kilómetros de tubería presentan deficiencias críticas por una instalación que no cumple con el expediente técnico aprobado. Frente a este escenario, planteó cerrar la etapa ejecutada y elaborar un nuevo expediente de saldo, al considerar que gran parte de la infraestructura no es recuperable técnicamente.
El burgomaestre explicó que el costo estimado inicial para dicho expediente era de S/2.5 millones; sin embargo, las empresas consultoras ahora solicitan hasta S/8 millones. Esta variación responde a que el documento técnico tendría que rehacerse casi en su totalidad debido a los errores estructurales en la obra impulsada en la gestión de Yamila Osorio.
PROYECTO. Precisó que el proyecto integral contemplaba una inversión de S/500 millones para irrigar 21 mil hectáreas, de las cuales 5 mil eran de mejoramiento y el resto de ampliación agrícola. No obstante, sostuvo que el avance real no justifica el gasto ejecutado y que incluso existen procesos administrativos abiertos que impiden cerrar la obra.
El alcalde advirtió que, en el mejor de los escenarios, el proyecto podría concretarse recién en 2032, considerando que aún faltarían al menos 7 años de ejecución. Añadió que la obra, concebida hace más de 30 años, sigue inconclusa mientras se desperdicia agua del río Ocoña y persisten sistemas de riego tradicionales sin modernización.
“Es el segundo proyecto irrigacional más grande después de Majes Siguas, desde el 2023 hubo compromiso de liquidar por el GRA pero hasta ahora no lo hacen. En el 2025 tuvimos opinión técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, pero primero se necesita liquidar”, acotó.
En el aspecto técnico, cuestionó que en los 11 kilómetros de túneles solo se hayan realizado dos pruebas diamantinas, cuando la normativa exige al menos un 30 % de verificaciones según la longitud. Este déficit de estudios compromete la viabilidad estructural de la obra, lo que refuerza la necesidad de replantear completamente el expediente.