Cansados de las muertes, enfermedades y daños que produce la minería a la población distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos. Sus dirigentes anuncian que acatarán un paro indefinido desde hoy miércoles 5 de junio.
Esta medida de lucha se debe al rechazo a los proyectos mineros de Buenaventura y Hochschild debido a que contaminan las lagunas Huica Huisca y Arcata afectando directamente a la salud de los más de 1500 pobladores de los centros poblados de Arcata, Chocñohuaqui y Umachulco.
Al respecto, el alcalde distrital de Cayarani, John Uracahua Condori se pronunció y declaró que entiende la acción de protesta de la población debido a que no acabo bien la última mesa técnica que tuvieron con los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) a causa de la respuesta ambigua que dieron cuando le consultaron sobre las medidas que iban a tomar por la contaminación ambiental que generan las empresas mineras en la zona.
Uracahua Condori detalló que incluso el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el agua que consume la población de Cayarani contiene altas cantidades de arsénico, sustancia que es desechada por la empresa Hochschild provocando que gran parte de los locales sean diagnosticados con cáncer y otras enfermedades. Desafortunadamente, producto de los gases de la bocamina, una familia terminó pereciendo en el año 2012.
A través de un pronunciamiento, las organizaciones sociales del distrito denunciaron que por más de 10 años, la empresa minera Buenaventura contamina la laguna de Arcata y los terrenos agrícolas del anexo de Umachulco y de las demás poblaciones asentadas mediante el proyecto minero de Poracota debido al mal cierre de los socavones de esta minera.
La segunda compañía acusada de contaminar fue Hochschild, la cual por más de 60 años vierte sustancias tóxicas que han generado la propagación de enfermedades a los pobladores de Arcata y Chocñohuaqui. Por estas razones están exigiendo a los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente que sancione a las empresas contaminantes y que no les permita operar en la zona.
Además, exigen a las entidades que implementen acciones de resarcimiento e indemnicen a cada comunero afectado y al distrito en general por los daños y perjuicios ambientales y sociales generados, así como implementar el Plan de Seguridad Ambiental y otras sustancias tóxicas en la jurisdicción.
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