Un marcado tinte amarillento volvió a aparecer en las aguas del río Tambo, generando alarma entre pobladores de Moquegua y Arequipa, y renovando la exigencia de acciones urgentes ante un posible vertido de relaves mineros.
Según la Municipalidad Distrital de Matalaque, el suceso se detectó desde el 5 de diciembre y las primeras investigaciones apuntan a residuos de la unidad Florencia-Tucari, operada por la minera Aruntani S.A.C.
“Sus relaves mineros (Aruntani) estarían generando presencia de metales pesados en el agua (…) La salud de la población, la actividad agrícola, la fauna acuática y la biodiversidad del río se encuentran en riesgo creciente”, denunció el municipio mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales.
En reacción, pobladores de las regiones de Moquegua y Arequipa manifestaron su alarma ante los riesgos para la salud, la agricultura y el ecosistema, al advertir que el agua contaminada podría comprometer cultivos, fauna acuática y suministro de agua potable.
Según reportes oficiales, la coloración en el río, que ya fue advertida en julio y agosto pasado, coincide con la aparición de sedimentos amarillentos y barro contaminado, lo que ha desatado el temor de comunidades.
Este nuevo episodio revive una larga historia de denuncias. Diversos informes oficiales desde 2017 identifican que las operaciones mineras de Aruntani modificaron drásticamente la calidad del agua en las cuencas del río Coralaque, en Moquegua, y del río Tambo, en Arequipa, encontrando metales pesados y lixiviados en quebradas afluentes y depósitos de desmonte.
A pesar de sanciones, más de 20 expedientes y multas impuestas a la empresa, hasta la fecha no se ha ordenado un cierre definitivo ni una remediación eficaz.
Por su parte, ante las reiteradas acusaciones, la minera aseguraba que la contaminación en el caudal se debería a “causas naturales”. Esto, tras declararse el estado de emergencia en varios distritos de Islay y Moquegua debido a la contaminación en los ríos, en 2024.
Ante la gravedad de la situación, pobladores y autoridades exigen al Estado una intervención inmediata. El monitoreo permanente del agua, cumplimiento de estándares ambientales, sanciones ejemplares y garantizar del derecho al agua limpia.
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