La institución educativa 41035 Nicanor Rivera Cáceres, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, cumple 85 años desde su fundación este mes de octubre, sin embargo han pasado 13 años desde que fue declarado en estado de emergencia debido al deterioro de su infraestructura en 2012. A la fecha no se han logrado acciones concretas para solucionar el problema. El director Juan José Hallasi Roque advierte que el riesgo para los estudiantes se incrementa cada día, especialmente por ser una zona sísmica.
“En el año 2012 el Departamento de Defensa Civil del municipio de Selva Alegre declaró un pabellón de cuatro aulas y dos baterías de servicios higiénicos como inhabitables y de alto riesgo (…) Nosotros, lamentablemente, por falta de espacios, nos hemos visto en la necesidad de hacer uso de estos ambientes. Ojalá las autoridades puedan sensibilizarse”, señaló el director de la institución educativa, Juan José Hallasi Roque.
Según su testimonio, se han hecho las gestiones ante diversos gobiernos regionales, ante la municipalidad de Alto Selva Alegre e incluso ante el Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo, todas las entidades responden que este proyecto le compete al municipio de Alto Selva Alegre.
En 2012 se elaboró un primer perfil técnico del pabellón, pero quedó obsoleto con el paso del tiempo. Hace aproximadamente siete años se inició una nueva gestión municipal para redactar expedientes técnicos separados para los niveles inicial y primario. El nivel inicial ya habría recibido una inversión de aproximadamente S/1 100 000, sin embargo el expediente del nivel primario aún no se ejecuta.
Hallasi denuncia que la falta de ejecución responde a la presunta carencia de recursos económicos y a la falta de coordinación entre entidades. “¿Cómo se despilfarra el dinero?”, pregunta al referirse a los casi S/100 000 gastados solo en el expediente técnico, sin dar paso a obras. Reclama que la comunidad educativa convive con el temor latente de que haya un movimiento telúrico que genere peligro para la seguridad de los alumnos.
Son cerca de 225 estudiantes quienes reciben clases en la institución, que se han visto obligados a usar los espacios ya declarados como de alto riesgo, mientras esperan soluciones de las autoridades.
Según el director, toda la cadena institucional, como el Minedu, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), la Gerencia de Educación, el Gobierno Regional, y el municipio del distrito conocen la situación, no obstante, todavía no se ha realizado la intervención que garantice un entorno seguro para los estudiantes.
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