Las autoridades europeas abrieron investigación a las empresas tecnológicas más grandes del mercado Apple, Alphabet (empresa matriz de Google) y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) porque se sospecha que no están cumpliendo con la ley de mercado digitales, la nueva norma antimonopolio con la que Bruselas quiere controlar el poder de mercado de las grandes plataformas, según la Comisión Europea.
«La Ley de Mercados Digitales entró en vigor el 7 de marzo. Hemos estado en conversaciones con los guardianes de entrada durante meses para ayudarles a adaptarse y ya podemos ver cambios en el mercado», indicó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
Bruselas ha iniciado investigaciones sobre la mayoría de las principales empresas tecnológicas de EE. UU., excepto Microsoft, por su presunta falta de adaptación a la nueva regulación de la Unión Europea (UE) sobre mercados digitales, según un comunicado de la Comisión Europea.
INCUMPLIMIENTOS. La Comisión Europea cree que Apple y Alphabet no tomó medidas efectivas para permitir que los desarrolladores de aplicaciones móviles se comuniquen libremente con sus clientes para ofrecerles ofertas al margen de las tiendas de apps de estas dos compañías (la App Store y Google Play) y sin tener que pagarles a estas una tasa.
La Comisión duda de los cambios que ha introducido Apple para cumplir con la normativa permitan a los usuarios desinstalar fácilmente las aplicaciones móviles que la compañía instala por defecto en sus dispositivos para poder buscar alternativas, por ejemplo, al navegador Safari.
Por otro lado, Alphabet sigue priorizando sus propios servicios de búsqueda en el buscador de Google frente a los de la competencia, por ejemplo, en 'Google Shopping', 'Google Flights' y 'Google Hotels'.
En cuanto a Meta, Bruselas está investigando la alternativa de pago que ha dado a sus clientes que no quieran que la empresa combine sus datos personales entre sus diferentes plataformas, ya que cree que no les está ofreciendo una alternativa real para garantizar su privacidad.
Bruselas tiene la intención de concluir la investigación en un plazo de 12 meses. Si tras terminar la investigación confirma sus sospechas, Bruselas les explicará qué medidas deben tomar o cuáles tomará la propia Comisión, que podrían suponer una multa del 10 % de su facturación global o del 20 % si infringen la normativa de forma reiterada.
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