El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que analizarán en el plazo máximo de 90 días la ley nacional la petición que ha hecho la empresa Telefónica del Perú (TDP) para ser sometida a un procedimiento concursal ordinario que le permita reestructurar sus obligaciones financieras.
En detalle, expresó en un comunicado que la Ley General del Sistema Concursal peruano establece que la Comisión de Procedimientos Concursales tiene un plazo máximo de noventa días hábiles para resolver dicha solicitud.
“De ser admitida la solicitud, se emitiría una resolución sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario, la cual deberá ser publicada en el Boletín Concursal del Indecopi”, indicó.
Añadió que, a partir de esa publicación, los acreedores podrán presentarse para ser acreditados por la Comisión de Procedimientos Concursales y participar en la Junta de Acreedores, que será la que decida si aprueba o no la reestructuración solicitada.
El Indecopi remarcó que tanto la Comisión de Procedimientos Concursales, en primera instancia, como la Sala Especializada en Procedimientos Concursales en segunda instancia, son los órganos que se encargan “de resolver este tipo de procedimientos con total independencia y autonomía”.
Telefónica del Perú informó que su directorio acordó solicitar un procedimiento concursal ordinario (PCO) para reestructurar sus obligaciones financieras y garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones.
La presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, Elena Maestre, afirmó en un comunicado que han tomado esta decisión “después de evaluar diferentes alternativas para asegurar la estabilidad financiera de la compañía”.
Para habilitar el PCO, al que se acogen empresas con dificultades para reestructurar sus deudas, Telefónica Hispanoamérica ha concedido a Telefónica del Perú una línea de crédito que “será destinada exclusivamente a cubrir las necesidades operativas de caja para mantener la prestación del servicio”, según indicó la compañía.
La empresa sostuvo que el proceso anunciado “no implica una liquidación ni mucho menos una quiebra”, pero afirmó que su situación financiera “se ha visto afectada por efecto de contingencias fiscales de más de veinte años de antigüedad y por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante”.
En abril de 2024, informó que procedería con el pago de 1361 millones de soles a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tras la resolución judicial de la controversia relacionada con su declaración de impuestos de los años 2000 y 2001.
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