Telefónica interpuso una demanda contra el Estado peruano por más de 1200 millones de dólares, argumentando daños y perjuicios relacionados con impuestos ya abonados y otras obligaciones tributarias pendientes, según reportó el portal web El Economista.
De esta manera, la compañía busca recuperar estos montos a través de un arbitraje que es gestionado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), cuya resolución se espera para febrero o marzo de 2025.
La disputa legal se centra en dos frentes: por un lado, Telefónica busca recuperar los 572 millones de dólares que pagó al fisco peruano, que considera fueron exigidos de manera incorrecta.
Por otro lado, la compañía también está disputando provisiones fiscales por un monto adicional de 647 millones de dólares, que ha registrado en sus cuentas en años anteriores, pero que aún no ha pagado por considerar que vulneran los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú.
Telefónica, asistida por el bufete Uría Menéndez, está evaluando las opciones disponibles en el Ciadi no solo para recuperar los pagos, sino también para determinar si mantiene esas provisiones en Perú, país que enfrenta altos niveles de inseguridad jurídica, o si opta por reducir su deuda, según reporta El Economista.
Además, Telefónica ha incurrido en costos adicionales, como el pago de asesores legales y fiscales, y el establecimiento de fianzas, que suman otros 7.4 millones de dólares. Según se informó, el 80 % de los montos reclamados proviene de intereses generados por impagos no atribuibles a la compañía en sus operaciones históricas en Perú.
Como se recuerda, la empresa española presentó su denuncia ante el Ciadi en marzo de 2021, argumentando que las medidas del Ejecutivo peruano violaban el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, específicamente el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.